Es importante tener un proceso de investigación que permita evitar sanciones por tener relaciones de riesgo con terceros.
¿Qué es la PLD?
La PLD (Prevención de Lavado de Dinero) es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que tienen como objetivo evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen al sistema financiero o corporativo.
En México, la PLD no solo aplica a bancos y casas de bolsa: también involucra a empresas que realizan operaciones consideradas “vulnerables”, como inmobiliarias, joyerías, despachos legales, notarías, constructoras y proveedores de servicios digitales.
Marco legal de la PLD en México
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en 2012, es la base del sistema PLD en México.
Junto con ella, existen otros marcos regulatorios que complementan el cumplimiento:
- Código Penal Federal (artículo 400 Bis): sanciona el lavado de dinero.
- Reglas de Carácter General de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera): establecen los lineamientos de identificación y reporte.
- Normas de la CNBV: aplicables a instituciones financieras.
👉 En resumen, la PLD en México busca prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas para mantener la integridad del sistema financiero y comercial.
¿Qué empresas deben cumplir con la PLD?
El artículo 17 de la LFPIORPI establece una lista de actividades vulnerables, entre las que destacan:
- Servicios de construcción o desarrollo inmobiliario.
- Compraventa de vehículos y maquinaria.
- Servicios contables, legales o fiduciarios.
- Compraventa de obras de arte, joyas y metales preciosos.
- Arrendamiento, factoring y financiamiento privado.
- Prestación de servicios digitales o tecnológicos vinculados a transacciones financieras.
Las empresas que realizan estas actividades están obligadas a identificar a sus clientes, conservar información y reportar operaciones relevantes a la UIF.
¿Cómo se implementa un sistema de PLD?
Un programa efectivo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) incluye los siguientes elementos:
- Identificación del cliente (KYC/KYB): verificar identidad, origen de recursos y beneficiario final.
- Monitoreo de operaciones: detectar transacciones inusuales o fuera del perfil habitual.
- Conservación de evidencia: mantener registros por al menos 5 años.
- Reporte a la UIF: enviar avisos en caso de detectar actividades sospechosas.
- Capacitación y auditorías internas: asegurar el cumplimiento continuo.
PLD y tecnología: automatización y cumplimiento inteligente
La transformación digital ha permitido que las empresas integren la PLD en sus procesos cotidianos mediante software especializado.
Soluciones como ZERO CLM facilitan el cumplimiento de manera automatizada al:
- Validar RFC y listas negras del SAT (artículo 69-B).
- Verificar PEP (Personas Políticamente Expuestas) y listas internacionales.
- Identificar riesgos de lavado de dinero en proveedores o socios.
- Integrar alertas automáticas en contratos y expedientes digitales.
Con un sistema así, la empresa no solo cumple con la ley, sino que reduce riesgos reputacionales y sanciones administrativas.
Sanciones por incumplir la PLD
Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde multas millonarias hasta responsabilidad penal.
Dependiendo del tipo de infracción, la ley contempla:
- Multas de 200 a 65,000 UMA.
- Cancelación de actividades comerciales.
- Denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Cumplir con la PLD no es opcional: es una obligación legal que garantiza transparencia, confianza y seguridad en todas las operaciones empresariales.
Conclusión
La PLD en México es una herramienta fundamental para construir un ecosistema empresarial ético, seguro y confiable.
Implementar controles digitales y automatizados permite a las empresas protegerse del riesgo de lavado de dinero, al mismo tiempo que fortalecen su cumplimiento ante las autoridades fiscales y financieras.
Con ZERO CLM, las organizaciones pueden incorporar verificaciones PLD, listas negras y validaciones automáticas dentro del ciclo de vida de sus contratos, garantizando cumplimiento, trazabilidad y transparencia en cada operación.
